Uno de los pretextos para no devolver los hijos a un padre o una madre es que los progenitores carecen de recursos económicos para sostenerlos y que existen familias con buena disposición para apoyarlos. Madres solteras y familias que viven en las colonias más pobres del Estado son víctimas del  comercio ilícito de niños y niñas por organismos del propio Estado.

Antonieta Flores Astorga, profesional de la comunicación, decidió estudiar leyes para poder entender mejor los expedientes jurídicos de las mujeres que, de una u otra manera, han sido afectadas por las instituciones gubernamentales que se supone debían tutelar sus derechos.

María Antonieta Flores Astorga Premio Nacional de Periodismo 2008.

Recuerda que, desde hace 16 años, cuando el conservador partido Acción Nacional asumió la gubernatura de Jalisco, México, en la persona del ingeniero Alberto Cárdenas Jiménez, se creó el Consejo Estatal de Familia, al que se le dio la atribución de recibir y ubicar en albergues a los menores que la Procuraduría Estatal retirara de sus familias, por considerar que corrían peligros.

Sin embargo, a su juicio, ello se ha prestado a una serie de abusos, corruptelas y hasta tráfico de menores, ya que el Consejo Estatal y el Desarrollo Estatal de la Familia (DIF) se manejan en torno a políticas discriminatorias y posturas católicas y reaccionarias, que parecen castigar la ignorancia y el bajo nivel socioeconómico de madres solteras o familias que viven en las colonias más pobres del Estado.

¿De qué manera actúan el Consejo estatal y el DIF?
De acuerdo con un criterio clasista, acuden a colonias donde detectan a menores que viven con la madre, la abuela o las tías y, con el pretexto de que las condiciones de la vivienda y la alimentación de la familia son inadecuadas, se llevan a las y los menores y los entregan a los albergues, donde se mantienen prácticamente bajo secuestro, ya que su ubicación se les niega a la madre o persona a cargo de la tutela.

En otros casos se trata de la descendencia de padres o madres que han tenido algún problema legal y el Consejo Estatal se hace cargo de las y los menores de forma temporal. Pero, en la práctica, una vez que el padre o la madre solucionan el asunto y quieren recuperarlos, les ponen pretextos para no regresárselos. Uno de ellos es que los progenitores carecen de recursos económicos para sostenerlos y que existen familias con buena disposición para apoyarlos. Presionan con el argumento de que no les nieguen a sus hijos e hijas la posibilidad de una mejor vida.

Se han dado casos como el de una pareja, con un pequeño de ocho meses, que robó una lata de leche para alimentar al menor. Ambos, madre y padre, fueron enviados a la cárcel y su hijo, a un albergue. Cuando trataron de recuperarlo, les decían desconocer dónde estaba, y así han pasado ocho años y no han logrado que se los regresen. Además, alegan que le harán más daño al pequeño que ya tiene “una familia decente que lo cuida”.

¿Qué sucede después?
Como la familia tarda más de tres meses en dar con el paradero de niñas y niños, el juez determina que hay abandono y se pierde la patria potestad; para ese entonces, a los pequeños se les pone a disposición para ser adoptados.

Todo está planeado para que suceda de esa manera; las víctimas son gente que no tiene dinero, y muchas veces los niños son enviados a albergues fuera de Guadalajara, donde es más difícil acceder. Cuando llegan, les dicen que ese no es día de visita, que regresen en una semana, y así se pasa el tiempo y pierden los derechos sobre su descendencia.

¿Sí la familia reclama, se le restituyen sus derechos?
Es difícil porque aun en los casos en que se ha acudido a la Comisión Estatal de Derechos Humanos u otras instancias legales, en el Consejo Estatal o en el DIF se niegan a entregar a los y las menores y, con argucias, les inventan a los padres y madres biológicos una serie de conductas que los “convierten en poco fiables para educar a sus hijos e hijas”.

¿Qué sucede con esos niños y niñas?
Los más pequeños son dados en adopción a extranjeros, quienes pagan una buena cantidad de dinero por los menores, que no se sabe a dónde va a parar.

Tampoco hay un seguimiento periódico, una vez que los pequeños son entregados, como marcan las normas internacionales, por lo que se desconoce su final. Además, se les está negando su derecho a saber quiénes son, de dónde vienen; un derecho fundamental de todo ser humano.

Procedencia de la información:
Semlac – Servicio de Noticias de la Mujer de Latinoamérica y el Caribe

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